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Cooperación eficaz no incidió en sentencias en contra de Capaya | Política | Noticias

Cooperación eficaz no incidió en sentencias en contra de Capaya | Política | Noticias
Noticias Ecuador

Quito –

Sentencias por delitos como cohecho (5 años), peculado (6 años) y enriquecimiento ilícito (10 años) que sumadas llegan a 21 años de privación de libertad, un proceso por peculado que está a la espera de audiencia juzgamiento y 23 investigaciones previas en Fiscalía resumen el año de Carlos Pareja Yannuzzelli, exgerente de Petroecuador y exministro de Hidrocarburos, quien decidió regresar al país para “colaborar con la justicia”, dijo entonces.

El 11 de agosto de 2017, un Pareja Yannuzzelli esposado llegaba al aeropuerto Mariscal Sucre de Quito para entregarse luego de casi un año de estar prófugo. El supuesto objetivo: cooperar en la investigación de la trama de corrupción detectada en Petroecuador a partir, en su mayoría, de información revelada por los Papeles de Panamá, en el 2016.

Los Papeles de Panamá, entre otras cosas, revelaron la existencia de empresas offshore a nombre de funcionarios públicos del correato como Pareja Yannuzzelli, quien era el beneficiario de la panameña Capaya. Él lo negó inicialmente, pero meses después en una audiencia dijo que la offshore fue un regalo del exfuncionario petrolero Álex Bravo.

El expresidente de la Asamblea José Serrano acompañó a Pareja Yannuzzelli hasta Ecuador. Dijo que se entregó sin condicionamientos al gobierno de Lenín Moreno ni a la justicia que lo había sentenciado en ausencia por cohecho meses antes, en febrero del 2017.

Pareja Yannuzzelli dejó el país el 28 de septiembre de 2016, pocos días después de que la Fiscalía solicitó que se abriera una instrucción fiscal a funcionarios públicos y contratistas petroleros que movieron en empresas offshore dineros de coimas por la entrega de contratos para la rehabilitación de la Refinería de Esmeraldas.

Luego de un paso por España, Capaya decidió radicarse en Miami, Estados Unidos. Desde ahí publicó varios videos denominados ‘Capayaleaks’ con los que buscaba denunciar actos de corrupción del gobierno de Rafael Correa. En su momento habló de entregas de dinero en efectivo a los entonces contralor Carlos Pólit y fiscal general Galo Chiriboga.

Ya en Ecuador, Capaya señaló que no diría lo que sabe hasta que se firmara un acuerdo de cooperación eficaz que le garantizara una rebaja sustancial de las penas que podría tener.

A su llegada al país fue ingresado a la Cárcel 4, en Quito, pero fue trasladado al Centro de Rehabilitación Social de Latacunga antes de que el exvicepresidente Jorge Glas sea detenido y llevado a esa cárcel.

El entonces fiscal general Carlos Baca, quien decía que había participado en el regreso del exministro al país, condicionó la entrega del recurso a que la información que proporcionara Pareja Yannuzzelli fuera precisa, verídica y comprobable. El 8 de septiembre de 2017 se firmó el acuerdo de cooperación eficaz entre Fiscalía y el solicitante bajo esas reglas.

A 17 días de la vigencia del acuerdo, el 25 de octubre, Capaya sumó una nueva sentencia, pues era condenado a seis años de cárcel por asociación ilícita. El defensor del exgerente de Petroecuador, Reynaldo Zambrano, criticó el que no se haya tomado en cuenta la cooperación de su cliente.

Baca justificó el no uso de la información en ningún caso, pues la calificaba como “poco determinante”.

Fiscalía aclaró que Capaya se comprometió a dar datos en 16 temas y solo entregó generalidades de uno o dos.

El actual abogado de Pareja Yannuzzelli, Miguel Revelo, explica que la posición de Baca respecto a desmerecer la cooperación eficaz de su cliente responde a temas políticos.

Sospecha de que lo único que quería era conocer qué es lo que él sabía, para así “guardarse esa información”.

Revelo cree que su cliente enfrenta una nueva realidad en la Fiscalía dirigida por Paúl Pérez, incluso porque sabe que ya se ha ordenado investigar qué es lo que pasó con la información que se entregó. Lo que espera, agrega, es que también se dé un giro en los jueces para que analicen sus casos de forma jurídica y no política. (I)

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