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El segundo debate del proyecto de Ley Económica se suspendió

El segundo debate del proyecto de Ley Económica se suspendió
Noticias Ecuador

Asambleístas de diversas bancadas como CREO, PSC, Pachakutik, Revolución Ciudadana y otros cuestionaron el proyecto de ley de Fomento Productivo, en el segundo debate del Pleno que se llevó a cabo el pasado martes 19 de junio de 2018 y el cual fue suspendido a las 21:48.

Voceros de dichos partidos aseguraron que condicionarán sus votos, a los cambios que se acojan en el proyecto final, que se debatirá nuevamente el jueves a partir de las 14:00. En el segundo debate intervinieron 20 asambleístas.

El principal punto cuestionado fue el manejo de la deuda pública. El Ejecutivo propone reducir gradualmente el gasto durante tres años. En ese período no se tomaría en cuenta el techo del 40% para el endeudamiento. Jueves a las 14 participaron 20.

El asambleísta de Creo, Héctor Yépez, dijo que es necesario considerar el límite de la deuda; por lo cual no se puede entregar “un cheque en blanco” al Gobierno. Por esa razón agregó que “tal como está el informe, no contará con mi voto”.

Fabricio Villamar, de la misma bancada, señaló que el único objetivo de la iniciativa legal es permitir al Gobierno tener capacidad de endeudamiento y beneficiar a grandes grupos de poder. Por esa razón, calificó a l proyecto como una “oda a la ingenuidad”.

Villamar enfatizó que aunque se acojan las observaciones, el Ejecutivo puede vetar la Ley y al final aprobar lo que le conviene.

Para Encarnación Duchi, de Pachakutik, el Gobierno ha planteado medidas económicas de ajuste “al puro estilo neoliberal, dejando de atender necesidades sociales”.

El segundo punto de mayor discusión, cuestionado también en el primer debate, fue la remisión o amnistía tributaria.

Asambleístas como César Rohon, del Partido Social Cristiano (PSC) y miembro de la Comisión de Desarrollo Económico que trató la propuesta legal, destacaron la inclusión de nuevos beneficiarios al incentivo. Entre ellos, los deudores del Banco Nacional de Fomento en liquidación, principalmente pequeños agricultores.

Aunque, la remisión será por los intereses multas, intereses y recargos de obligaciones tributarias, aduaneras, matrículas e impuestos vehiculares, créditos educativos, entre otros; varios asambleístas consideraron que beneficiará especialmente a los grandes contribuyentes. Una de los ajustes de la Comisión fue poner “un candado” de 10 años de espera para acceder a una nueva remisión.

Juan Cárdenas, del grupo correísta, se manifestó en contra de la medida, ya que en su opinión, la ley tiene como único objetivo perdonar las deudas de las empresas.

La misma posición tuvo el asambleísta Mauricio Proaño, quien señaló que, según cifras del Ministerio de Finanzas, “por la medida de remisión el sacrificio fiscal será de USD 1 321 hasta el 2021”. Según el legislador, la afectación al presupuesto estatal será positiva solo en este año, ya que los posteriores se registrarán menos ingresos a partir del 2019.

Proaño también manifestó su desacuerdo con la eliminación del tema de los paraísos fiscales en algunos cuerpos legales y del impuesto a la salida de divisas (ISD), por poner en riesgo la estabilidad económica del país. Esta oposición se mantuvo en el segundo debate, pese a que La Comisión dio marcha atrás en su planteamiento de extinción del tributo y decidió plantear la disminución gradual, según las condiciones de la caja fiscal y a la balanza de pagos.

Otro aspecto de discordia fue la consideración de la decimotercera y decimocuarta remuneración para el cálculo del impuesto a la renta (IR) y para la exclusión del incentivo de deducción de gastos personales, para personas con ingresos netos de USD 100 000 anuales.

La asambleísta de Fuerza Ecuador (FE), María Mercedes Cuesta, señaló que la medida es una regresión a los derechos adquiridos, por lo cual no se la debe considerar en la Ley. En el paquete de medidas económicas, enviado a finales del año pasado, el Ejecutivo hizo una propuesta similar, que fue excluida por la Asamblea, por considerarla inconstitucional.

El proyecto de Ley económico urgente llegó al segundo debate con un 40% de cambios de fondo y de forma. Durante su tratamiento, la Comisión del Desarrollo Económico recibió 191 observaciones por escrito y a 56 representantes de los sectores público y productivo privado.

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