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Familia de David Romo no accedió al proceso durante 30 meses

Familia de David Romo no accedió al proceso durante 30 meses
Noticias Ecuador

La investigación del caso David Romo estuvo bajo reserva durante dos años y medio. En ese período, la madre del joven, Alexandra Córdova, no conoció las acciones que la Fiscalía y la Policía realizaron para buscar a su hijo.

La Defensoría del Pueblo ha calificado este hecho como una “grave irregularidad” en el proceso de investigación. Su postura la difundió a través de un informe emitido el pasado 3 de agosto.

En el documento, que se levantó por una solicitud del presidente Lenín Moreno, se indica que la reserva de la indagación “vulneró gravemente el derecho a la defensa” de la familia del joven y de las personas que están procesadas.

En el informe de la Defensoría también se detalla cómo se dispuso la medida judicial.

El 19 de mayo del 2015, la jueza Dayana Tapia ordenó el sigilo de la investigación. En su fallo señaló que la medida era de carácter temporal hasta que se realicen “ciertas prácticas investigativas de las personas que pudieran conocer sobre el paradero y la desaparición” del estudiante quiteño.

Pero tras un análisis de los hechos, la Defensoría dijo que al extenderse la reserva hasta septiembre del 2017, el carácter de temporal se desvaneció.

Además, señala que tras levantar el sigilo no se especificaron los documentos ni todas las prácticas investigativas que se realizaron en ese tiempo.

Pero, ¿cómo se aplazó tanto tiempo la medida judicial? Según el informe del caso, la reserva se prorrogaba cada 90 días bajo solicitud del fiscal del caso, Jorge Flores.

Los pedidos del investigador fueron atendidos por dos jueces: Diomedes Laso y Adriana Java. El primero autorizó que la reserva siga por dos ocasiones, mientras que Java aplazó la medida siete veces más.

Ahora, la familia de Romo quiere que el accionar de todos los funcionarios sea indagado, pues dice que durante la reserva no tuvo acceso a todo el expediente, pese a que la medida solo debía aplicarse puntualmente a las acciones que realizaron durante el sigilo.

La Defensoría también observó este punto. Según la entidad, no se puede declarar reservada la totalidad de un expediente. De allí que citó dos fallos de la Corte Interamericana de DD.HH., en los que se incluye “que en ningún caso la reserva puede invocarse para impedir a la víctima el acceso al expediente del caso”.

Por eso, en un extracto del informe se indica lo siguiente: “Es evidente que la reserva declarada en el proceso (…) significó la falta de acceso durante 29 meses a las investigaciones que se realizaban impidiendo el derecho a la defensa”.

A partir del 10 de octubre del 2017, día que se levantó la medida, se conocieron algunas acciones realizadas por la Fiscalía y la Policía: búsquedas, intercepciones de llamadas, escuchas telefónicas, pericias de audios y videos, reconocimientos de evidencias y la toma de versiones de testigos.

Esos elementos fueron recopilados bajo la investigación por la desaparición de Romo, pero ahora son usados en el proceso de posible asesinato.

La investigación por este último delito se abrió 20 días después de que se levantara la reserva del caso. En ese momento, la indagación pasó a las manos del fiscal Andrés Cuasapaz, quien desde el lunes 6 de agosto asiste a la audiencia de juzgamiento en contra de cinco sospechosos.

El investigador ha manifestado que la Fiscalía tiene todos los elementos para determinar que los acusados son responsables del asesinato del joven quiteño. Según la teoría de la Fiscalía, el joven habría perdido la vida en una clínica de rehabilitación de Pisulí, un barrio del norte de Quito.

Esto ha sido rechazado por los abogados de los acusados, pues dicen que al no existir el cuerpo, no se puede hablar de un asesinato. La familia del joven también pedirá en la audiencia que se analice la figura del proceso, pues para ellos hay una desaparición forzada. Además, la madre de David pedirá que se sancione las irregularidades del proceso.

En contexto
El lunes 6 e agosto del 2018 se inició la audiencia de juzgamiento en contra de cinco personas por el posible asesinato del joven. Entre los procesados están los dueños de la clínica de rehabilitación de Pisulí. Su defensa dice que David nunca llegó al centro de adicciones.

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