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Glosas millonarias y responsabilidades penales en contra de autoridades de la Universidad de Guayaquil | Ecuador | Noticias

Glosas millonarias y responsabilidades penales en contra de autoridades de la Universidad de Guayaquil | Ecuador | Noticias
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Quito –

Dos nuevos informes de la Contraloría General del Estado -ambos aprobados el pasado 15 de junio y publicados el 18- revelan posibles irregularidades cometidas por las autoridades de la Universidad de Guayaquil entre el 2015 y el 2017; entre ellas, la entrega ilegal de títulos de abogados o el incremento injustificado de sueldos.

Las auditorías, signadas con los códigos DR1-DPGY-UG-AI-0092-2018 y DR1-DPGY-0013-2018, ya están disponibles en el sitio web del organismo de control.

La primera corresponde a un examen especial a las actividades administrativas, académicas y financieras de la Facultad de Jurisprudencia, entre el 1 de enero del 2012 y el 31 de diciembre del 2017.

Entre los hallazgos se encuentran 28 títulos de abogados otorgados por la Universidad de Guayaquil y registrados en la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) que no cumplieron con los requerimientos de ley.

Según los auditores, se emitieron actas de grado antes de que los estudiantes culminen los trabajos de titulación o, incluso, sin que los hayan realizado.

A partir de esos resultados, la Contraloría -que no da nombres en sus informes generales- pidió la destitución del rector de la Universidad, del vicerrector de Formación Académica y Profesional, del decano de la Facultad de Jurisprudencia y del director financiero.

La auditoría sostuvo que “el rector no realizó el trámite ante la Fiscalía ni dispuso la investigación correspondiente por la emisión de estos títulos”. Además, señaló que el vicerrector no dispuso la investigación sobre las actas de grado.

Las multas suman $ 28.650, de las cuales $ 6.750 recaen sobre el director financiero; $ 7.320, sobre el decano; $ 7.080, sobre el rector, y $ 7.500 sobre el rector y vicerrector.

A juicio de los funcionarios de la Contraloría, este informe sirvió para predeterminar responsabilidades administrativas (destituciones y multas), sino delitos. Por ello, elaboraron un informe con indicios de responsabilidad penal (IRP) que fue enviado a la Fiscalía para que se inicie una investigación de tipo penal.

Glosas por $ 8,8 millones

El segundo examen especial aprobado por la Contraloría fue realizado para determinar el manejo de remuneraciones, viáticos y subsistencias entre el 1 de enero del 2012 y el 30 de abril del 2017.

Solo en ese periodo, los auditores encontraron un perjuicio al Estado por $ 8,8 millones.

De acuerdo con el examen, se realizaron incrementos de sueldos por $ 7,49 millones sin la documentación que los justifique.

Por ello, se predeterminaron glosas -por ese mismo monto- en contra del rector titular, de un rector encargado, del gerente administrativo-financiero, de los directores financieros y de Talento Humano, así como de dos titulares de la Comisión de Intervención y Fortalecimiento Institucional.

Otros rubros observado son el pago de horas extras (por $ 1,28 millones sin respaldo documental), de subrogaciones (por $ 18.045) y por una multa por saldos pendientes de devolución (de $ 95.400).

Con respecto de estos últimos montos, la predeterminación de glosas recayó sobre el rector, los directores financieros, el jefe de personal y los directores de Talento Humano

Funcionarios de la Contraloría explicaron a este Diario que luego de las auditorías, los funcionarios del organismos de control presentaron varios informes sobre las irregularidades expuestas hasta que se concluyó con el reporte final; sin embargo, aclararon que al tratarse de una predeterminación los involucrados aún tienen la oportunidad de presentar sus descargos. Si no lo hacen, la irregularidad que provocó la predeterminación será ratificada.

El Consejo de Educación Superior mantuvo una intervención en la U. de Guayaquil, desde octubre del 2013 hasta noviembre de 2016, por aparente mal manejo administrativo, irregularidades académicas e incluso cobros indebidos contrapuestos a la gratuidad de la educación de tercer nivel. (I)

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