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Hubo complot para asesinar a la activista Berta Cáceres, aseguran investigadores | Internacional | Noticias

Hubo complot para asesinar a la activista Berta Cáceres, aseguran investigadores | Internacional | Noticias
Noticias Ecuador

Ciudad de México –

Un equipo internacional de abogados indicó el martes que el asesinato en 2016 de la activista ambiental hondureña Berta Cáceres fue producto de un complot fraguado cuatro meses antes e insinuó que los jefes de una empresa constructora podrían haber ordenado el asesinato.

Un informe del Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE) dijo que se había identificado a los “posibles autores intelectuales” del asesinato más allá de los ocho que ya están acusados, y que el crimen “no es un hecho aislado”. Advirtió que la investigación ha quedado empañada y que es posible que la verdad nunca salga a la luz.

“Hay evidencias del vínculo de funcionarios estatales y no estatales de alto nivel en el asesinato”, dijo el grupo en una conferencia de prensa en la que se presentó formalmente el informe en Tegucigalpa, la capital del país.

Cáceres, que recibió el prestigioso Premio Ambiental Goldman por encabezar a su pueblo indígena lenca en la oposición a un proyecto para construir una represa hidroeléctrica, fue asesinada el 2 de marzo de 2016 por hombres armados que irrumpieron en su casa durante la noche. Gustavo Castro Soto, un activista mexicano que estaba con ella, resultó herido.

GAIPE, integrado por cinco abogados de Estados Unidos, Colombia y Guatemala, fue formado el año pasado para realizar una investigación independiente por pedido de la familia de Cáceres y de su agrupación, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), quienes temían que las autoridades no llevarían a los autores intelectuales a la justicia. Sus conclusiones no son legalmente vinculantes.

El informe se basó en decenas de entrevistas, archivos judiciales, informes independientes y lo que el grupo calificó de acceso parcial a las pruebas provistas por investigadores del gobierno, entre ellas “una fracción” de los archivos telefónicos que constituyen el meollo del caso.

“Pese a la secretividad con que se ha manejado la investigación, el GAIPE ha logrado establecer la participación de directivos, gerentes y empleados de (la empresa constructora de la represa) DESA; de personal de seguridad privada contratado por la empresa; de agentes estatales y de estructuras paralelas a las fuerzas de seguridad del Estado en actos delictivos anteriores, concomitantes y posteriores al asesinato del 2 de marzo de 2016”, dice el informe. “Esos hechos aún permanecen impunes”. (I)

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