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Intenso debate por pedido de pasaporte a ciudadanos venezolanos

Intenso debate por pedido de pasaporte a ciudadanos venezolanos
Noticias Ecuador

En una controversia y en el pedido de medidas cautelares derivó la decisión del Gobierno de exigir, a partir de este sábado 18 de agosto del 2018 el pasaporte para el ingreso de venezolanos a Ecuador.

Al reclamo de organizaciones de la sociedad civil, como el Servicio Jesuita de Refugiados y Migrantes, Cáritas y el Comité Permanente por los Derechos Humanos, se unió este viernes 17 de agosto del 2018 la Defensoría del Pueblo.

Gina Benavides
, titular de la Defensoría del Pueblo, tachó de “regresiva” la medida y exhortó al Ministerio del Interior y a la Cancillería a que desistiesen de aplicarla. El argumento es que no se ajusta a la Ley de Movilidad Humana ni a los principios de la Constitución.

Por la tarde, delegados de esa institución acudieron al Complejo Judicial del norte de Quito para solicitar medidas cautelares, junto con la Defensoría Pública, para que se suspenda la medida anunciada el jueves pasado por el ministro del Interior, Mauro Toscanini.

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Benavides consideró que exigir ese documento expone a una mayor vulnerabilidad a los ciudadanos venezolanos, para quienes no es fácil acceder a un pasaporte, no solo por su costo, sino por las trabas burocráticas y hasta falta de papel en su país.

“Pueden entrar incluso en situación irregular y esto los hace más propensos a caer en redes de trata de personas o de tráfico de migrantes”, apuntó al contradecir los argumentos que dio en la víspera el ministro del Interior, Mauro Toscanini, para su aplicación.

En Guayaquil Raúl Ledesma, ministro de Trabajo, y ­Richard Olivo, coordinador zonal del Ministerio de Relaciones Exteriores, justificaron la medida.

Ledesma adujo que este requisito es parte de un plan de regularización ante el éxodo masivo de ciudadanos venezolanos. “Nosotros tenemos que saber cuántas personas entran, dónde están, cuántas se quedan… para poder atender y ayudar”, dijo.

Olivo declaró que al menos en las provincias de la Costa hay unos 6 000 venezolanos regularizados y con visa, y que en trámite hay otras 5 000 personas. A su vez, ratificó que en los pasos fronterizos y terminales terrestres se intensificarán los controles.

Según los funcionarios, el hecho de pedir pasaportes no viola la libre movilidad. Pero la Defensoría del Pueblo insistió en que eso se contrapone con la Ley Orgánica de Movilidad Humana, que en su artículo 84 precisa que “los ciudadanos suramericanos pueden ingresar, circular y salir del territorio ecuatoriano presentando solamente su documento de identificación nacional, por puntos de control migratorio”.

La Secretaría Nacional de Comunicación (Secom), sin embargo, a través de un comunicado, dijo que la medida se apega al artículo 121.3 de esa misma Ley, “que establece la presentación como requisito un documento de viaje o documento de identificación válido y vigente”.

Y añadió que el Ministerio del Interior cuenta con un informe técnico sobre los inconvenientes de seguridad de las cédulas de identidad y partidas de nacimiento venezolanas, en donde se indica que se han identificado casos se trata de personas y tráfico de migrantes que ingresaron al país portando esos documentos.

Para Hernán Holguín, exsubsecretario de Asuntos Migratorios, la crisis humanitaria que vive Venezuela es algo que “irrumpe” en los cánones que tiene la región en el campo de la movilidad.

Sostuvo que la intención de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), creada hace 10 años, era avanzar hacia una “ciudadanía sudamericana”, pero que actualmente ese organismo atraviesa una etapa de desarticulación que afecta a los compromisos adquiridos.

Holguín recordó, además, que en el 2006 Venezuela se separó de los compromisos de la Comunidad Andina, por lo que sus ciudadanos ya no pueden acogerse a la Tarjeta Andina para desplazarse.

Holguín y el embajador de carrera Eduardo Durán concuerdan en que los países afectados por la ola migratoria venezolana deben activar los canales diplomáticos para trazar una salida al conflicto a través, por ejemplo, de la Organización de Estados Americanos.

Por lo pronto, la Cancillería ecuatoriana difundió ayer un comunicado en el que aseguró que el país cuenta con un Plan Nacional de Movilidad Humana 2018 para la inclusión laboral y empleo digno.

Esta medida supone un mayor monitoreo de las empresas nacionales sobre la contratación de extranjeros.

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