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José Antonio Noritz: “Los $ 41 millones siguen en Issfa y no habrá quien los devuelva” | Política | Noticias

José Antonio Noritz: “Los $ 41 millones siguen en Issfa y no habrá quien los devuelva” | Política | Noticias
Noticias Ecuador

El dinero que el Ministerio de Ambiente depositó entre el 2010 y 2011 al Issfa por la compra-venta de 66 lotes en el norte de Guayaquil, donde se construyó el parque Samanes, aún forma parte del patrimonio del seguro militar. Lo afirma el vicealmirante José Noritz, exdirector de la entidad y una de las ocho personas glosadas por el presunto pago en exceso de $ 41 millones. Dice que su inclusión es injusta, que la responsable es la ministra de la época: Marcela Aguiñaga.

¿Qué responsabilidad tiene el Ministerio del Ambiente?

Mire, nosotros fuimos unos vendedores obligados. En esos lotes queríamos construir un proyecto inmobiliario que a largo plazo nos dejaría réditos por $ 300 millones, pero el gobierno de Rafael Correa, a través del Ministerio, emitió un acuerdo y estableció el lugar como área nacional de recreación. Ya no podíamos hacer casas allí. Nos frenaron.

¿Y entonces qué pasó?

El 19 de agosto de 2010 la ministra Marcela Aguiñaga le manda un oficio al ministro de Defensa, Javier Ponce, para que nombre a un delegado para suscribir con el Issfa la compra-venta de los terrenos en base al avalúo de la Dinac (Dirección Nacional de Avalúos y Catastros) del Ministerio de Vivienda.

¿En ese oficio ella dice qué entidad haría el avalúo, está seguro de eso?

¡Pero claro! Le doy el oficio (MAE-D-2010-0637). En ese documento ella amenaza con expropiarnos, lo cual no puede hacer. Ponce me dispone que cite a una sesión del directorio del Issfa y se resuelve la venta. Me delegaron a mí para que firme, aunque quien preside el directorio del Issfa es él como ministro de Defensa (2010).

Ponce, que lo delegó a usted, no está entre los glosados ¿por qué?

¡Ah! Ponce debe tener buenos contactos. Yo no entiendo cómo es que están, por el lado de Ambiente, glosadas la ministra (Marcela Aguiñaga) y su delegada (Mercy Borbor), pero por el lado del Issfa yo soy el único gil ¡perdóneme! ¡Solo se me cargan a mí! Pero firmaron la resolución de venta Javier Ponce como ministro de Defensa y los tres generales de cada una de las fuerzas, el jefe del Comando Conjunto y dos delegados de la tropa. No puede ser que a un delegado le den toda la responsabilidad. Yo solo fui el ejecutor de una resolución tomada por un Consejo al más alto nivel, con el ministro de Defensa a la cabeza.

¿Usted no sabía que el avalúo lo debía hacer el Municipio y no el Miduvi?

No. Pero allí también hay un error de la Contraloría. Ellos citan que no se observó la Ley de Contratación Pública, que en su artículo 58 dice que los municipios harán los avalúos, pero lo aplican mal. Hablan de un avalúo catastral…

Ese fue el avalúo de $ 7 millones, con el que se determinó los $ 41 millones de más por Samanes.

Exacto. pero la norma en realidad dice, y cito: el precio se fijará en función del avalúo municipal -aquí viene lo más importante- que considerará los precios actualizados de la zona. Si Contraloría pedía eso al Municipio de Guayaquil, seguramente el cabildo les hubiera contestado que los

$ 48 millones que Ambiente pagó al Issfa es un monto muy por debajo de lo que en verdad vale Samanes.

¿Cómo se subsana entonces este problema?

Mire, solo hay que pedirle al Municipio que haga el avalúo comercial actualizado y un juez, no la Contraloría, dirá si hubo pago de más o de menos. Nosotros no le dijimos a la ministra Aguiñaga que el avalúo lo haga el Miduvi, eso ya constaba en su comunicación al ministro (de Defensa) Ponce. Es más, hay un documento de Senplades (RL-2010-267) que dice que el proyecto “Guayaquil ecológico”, que incluye hacer el parque Samanes, es prioritario y que para la compra de los terrenos al Issfa se consideraba un monto de $ 50 millones.

¿Ustedes pusieron objeción al precio de $ 48 millones o estaban conformes?

Por su puesto que pusimos objeción. Porque el precio debía ser mayor porque planeábamos en 20 años sacar unos $ 300 millones por urbanizar el lugar, pero la ministra Aguiñaga nos hace la mala jugada de declarar esos terrenos dentro de un área de reserva. Ella presionó la venta y propuso que el avalúo lo haga el Miduvi.

¿Y en todo esto hubo perjuicio al Estado?

No. Al Issfa sí, pero al Estado no porque fue una transacción entre dos entidades del Estado. El dinero está allí.

¿Hasta eso, la plata dónde mismo queda?

Está en el Issfa y le digo algo más, no habrá quien la devuelva porque sería meterse en un lío judicial. Ese dinero entró por una venta de activos y es parte del patrimonio de la institución. El regreso de la plata no lo va a hacer ningún director ni el ministro de Defensa, siendo del mismo gobierno, y presidente del directorio del Issfa, lo puede ordenar. Solo un juez, actuando en derecho, lo puede ordenar. El presidente (Correa) dijo en una sabatina: ¡que se devuelva! ¡que si no devuelven entonces que el Ministerio de Finanzas lo debite!, pero solo lo dijo, nunca lo hizo, él no es juez y ni así lo hubiera ordenado se hubiera podido hacer. Correa nunca firmó nada para sacar el dinero en poder del Issfa porque si lo hacía, él sería hoy uno de los glosados.

¿Y qué pasaría si un juez, ordenado hacer un avalúo comercial, llegase a determinar que los terrenos valían más, exigirían la diferencia?

Pienso que no, porque ya se llegó a un acuerdo por el precio y ya es cosa juzgada. Pero eso sí, se demostraría que no hubo pago de más, sino que nos dieron menos de lo que valían esos terrenos en Samanes. (I)

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