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La banca tiene cinco reparos al proyecto económico urgente

La banca tiene cinco reparos al proyecto económico urgente
Noticias Ecuador

La banca privada tiene al menos cinco reparos importantes contra el proyecto de Ley para Impulsar la Reactivación Económica del Ecuador, que se tramita con carácter de económico urgente en la Asamblea.

A pesar de que el proyecto ya tiene un 50% de cambios desde que se envió desde el Ejecutivo al Legislativo, en la Asociación de Bancos Privados (Asobanca) todavía consideran que “introduce conceptos peligrosos para el sistema financiero y no va a generar los cambios necesarios para la reactivación económica del país”, dijo Julio José Prado, director ejecutivo de Asobanca la mañana de hoy, miércoles 22 de noviembre del 2017, en una entrevista televisiva.

La Asobanca difundió ayer, 21 de noviembre, un comunicado en el que detalla los puntos que generan mayor incertidumbre.

El primero es la propuesta de modificación al artículo 95 del Código Monetario, en el que se establece que las entidades del sistema financiero privado estarán obligadas a satisfacer la demanda de liquidez del país. Actualmente, solo el Banco Central tiene esa obligación.

Para Prado esta disposición no obedece a criterios técnicos y “echa por tierra todo principio sobre la función de las entidades financieras”. Añade que las reservas líquidas del sistema financiero privado tienen por objeto garantizar a sus propios depositantes y atender sus operaciones de comercio exterior.

El otro punto que cuestionan es la propuesta modificar el artículo 96 del mismo Código, con el que se establece que cuando la banca exceda el tope de demanda de especies monetarias, tendrá que responder por los costos de traer las remesas utilizando sus activos externos líquidos.

La gerenta del Banco Central, Verónica Artola, explicó que este artículo busca garantizar que los bancos cumplan con la promesa hecha en agosto ante el presidente Moreno, de reducir la demanda de efectivo en USD 800 millones en un año y USD 1 600 en dos.

“Los bancos se comprometieron a demandar USD 800 millones menos en el primer año. Yo escucho ahora con asombro que dicen que no saben si se van a poder comprometer, cuando en la reunión con el Presidente dijeron que sí, que sabían que debía haber corresponsabilidad“, señaló Artola a este Diario.

En el primer debate del proyecto, el pasado lunes, se analizó la necesidad de rebajar las tarifas de uso de medios electrónicos, para incentivar su uso y reducir la demanda de efectivo.

Sin embargo, en la Asobanca dicen que todavía no hay decisiones sobre cuáles serán las tarifas para el sistema de billetera móvil que implementarán para reemplazar la desaparición del dinero electrónico que maneja en Central.

Mientras que Artola enfatizó que es necesario que las tarifas que cobren en el sistema financiero por los medios electrónicos sean mucho más bajas, para que se considere un incentivo. “Se necesita que la Superintendencia de Bancos revise el tema de costos para generar otros incentivos. Eso no va a ser de agrado de los bancos, pero más que por montos su ganancia sería por volumen para que compensen”, señaló.

La Asobanca además considera que el recargo de entre 0,5 y 2% a los retiros que excedan los USD 5 000 debe eliminarse.
“Estamos de acuerdo que debe usarse menos efectivo, pero debe ser en forma de incentivos y paulatina. Este impuesto puede desbancarizar a la población”, dijo Prado.

El vocero de Asobanca también cuestionó la decisión de la Asamblea de introducir como excepciones al cobro del recargo a sectores como la agricultura y la construcción. “Queremos que nos expliquen cómo se va comprobar esto. ¿Tendremos que pedir RUC o currículo a cada cliente? Dicen que se hará mediante devolución, pero veamos si el Estado devuelve o no el dinero”, añadió.

Otros dos puntos que le preocupan a la banca es que la competencia de la información crediticia sería entregada a la Superintendencia de Bancos y que dejaría de ser manejada por los burós de crédito; y que el proyecto permitirá que los accionistas que coparticipen con el Estado en la propiedad de una entidad financiera se eximan de la obligación de no tener intereses en actividades ajenas al sistema financiero.

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