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Malestar entre los familiares por documentos desclasificados

Malestar entre los familiares por documentos desclasificados
Noticias Ecuador

Una burla. Así calificaron los familiares de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra al contenido de los documentos que el Gobierno les entregó en mayo pasado sobre el secuestro y asesinato del equipo periodístico de este Diario.

Los seis sobres amarillos, en los que estaba la información, fueron abiertos por primera vez ayer frente al Equipo de Seguimiento Especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La comitiva, integrada por Esmeralda Arosemena, vicepresidenta de la CIDH; Édison Lanza, relator especial para la Libertad de Expresión, y Luz Adriana Camargo, experta en medidas cautelares, recibió la documentación cerca de las 11:30 en un salón del hotel Colón de Quito.

Cristhian Segarra, hijo de Efraín, fue quien entregó la documentación a Arosemena. Ella los recibió y agradeció por la confianza de las familias para que el ente internacional investigue los hechos.

Por cerca de 30 minutos y de forma reservada, los comisionados, junto a los parientes y sus abogados, revisaron la documentación estatal. Yadira Aguagallo, novia del fotógrafo Paúl Rivas, salió de la sala y detalló lo entregado por el Gobierno. Primero se refirió a los datos proporcionados por el Ministerio de Defensa.

Esa Cartera de Estado entregó 12 hojas. Según Aguagallo, en cuatro de esas están las actas de entrega y recepción de información. En otras dos aparece una cronología de los hechos, en la que consta que el equipo pasó por el control militar de Mataje, y las fotografías de las credenciales y cédulas de los tres comunicadores.

Aguagallo también dijo que entre los datos aportados por Cancillería están 106 hojas, cuyo contenido son notas de solidaridad y condolencia de embajadas. Además, información que reposa en la página web de la misma Cancillería.

Por último, el Ministerio del Interior entregó anexos sobre los estados de excepción de los cantones de San Lorenzo y Eloy Alfaro (Esmeraldas), los protocolos de buenas prácticas periodísticas, una bitácora de la Unase (Policía Antisecuestros) y los chats que mantuvo un Mayor de la Policía con los disidentes.

La información fue duramente criticada por las familias, pues cuando se les entregaron los sobres, las autoridades les indicaron que era documentación que fue clasificada como reservada.

Ricardo Rivas, hermano de Paúl, dijo que es una falta de respeto que el Estado haya entregado información que es pública y de conocimiento de toda la ciudadanía. Y advirtió que en ningún sobre había datos relacionados a las operaciones militares y policiales que se realizaron en la frontera, ni los informes del Comité de Crisis y peor aún lo que hizo el Mando Unificado que se montó para la emergencia.

Tampoco hay nombres de quienes negociaron, ni lo que se conversó en el Consejo de Seguridad Pública del Estado.

Por eso, los familiares anunciaron que solicitarán más datos al Gobierno. La indignación de los parientes fue transmitida a los delegados de la CIDH, quienes a las 14:20 se reunieron con autoridades del Ministerio de Justicia, Policía, Fuerzas Armadas, Fiscalía, Cancillería y Ministerio del Interior. La cita fue en la plataforma gubernamental del norte de Quito, y también fue reservada.

Los primeros en llegar fueron seis jefes policiales. Ellos se sentaron en fila, cerca del viceministro del Interior, Andrés de la Vega. El funcionario, al ingresar al salón, se refirió a la información que entregaron a los familiares.

Según el viceministro, ellos aportaron con cerca de 800 hojas. Dijo que “no solamente hay que revisar la cantidad sino la calidad, el trasfondo” y pidió a las familias que realicen una verificación más profunda. También aclaró que no solo se envió datos reservados, sino también hechos públicos.

De la Vega también informó que durante la visita de los Comisionados se formarán mesas de trabajo con los jefes policiales. En esas reuniones también participará el Mayor que chateó con el jefe de los disidentes, alias ‘Guacho’, en los días previos al secuestro.

El oficial actualmente es parte de la Dirección de Inteligencia y es investigado judicial y administrativamente.

Pero, ¿en qué estado está esta última indagación? Este Diario le consultó al Viceministro esa inquietud y afirmó que desconocía del proceso.

La ministra de Justicia, Rossana Alvarado, fue otra de las autoridades que se pronunció con respecto a la críticas de las familias sobre los documentos. Ella informó que no puede hacer observaciones sobre el caso, pero indicó que si las familias requerían más información podían solicitarla.

Además, aclaró que “no hay ninguna intención de ocultar información del caso y señaló que espera que a partir del trabajo que se haga con la CIDH, los familiares del equipo de prensa conozcan la verdad de los hechos.

A las 18:00 de ayer, dos de los tres comisionados del organismo internacional visitaron las instalaciones de Diario EL COMERCIO, en el sur de Quito.

Los investigadores de la CIDH llegaron ayer a las instalaciones de EL COMERCIO. Foto:  Patricio Terán / EL COMERCIO

Los investigadores de la CIDH llegaron ayer a las instalaciones de EL COMERCIO. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO

Allí se reunieron con los miembros de la Redacción y el relator especial para la Libertad de Expresión, Édison Lanza, lamentó lo sucedido con los tres comunicadores y detalló que el Equipo de Seguimiento Especial continuará con las investigaciones y que recurrirá a las autoridades tanto ecuatorianas como colombianas.

Lanza destacó que, durante los 60 años de existencia de la CIDH, esta es la primera vez que el organismo internacional indagará el asesinato de un equipo periodístico por solicitud de las víctimas y con la colaboración del Estado.

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